Es una realidad prácticamente irrebatible, que los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios constituyen una de las áreas claves de la Gestión Pública y que es imprescindible para llevar adelante una administración competente contar con instrumentos que aseguren la transparencia y eficiencia en esos procedimientos, los cuales permitirán la ejecución fáctica de las distintas políticas que se intenten aplicar.

De un tiempo a esta parte se ha venido discutiendo públicamente sobre la pertinencia, necesidad y oportunidad de modificar el sistema de contratación, en vista que el actual no garantizaría un adecuado control sobre las contrataciones y adquisiciones, y la eficiencia del sistema no era el adecuado para un Estado que pretende una reforma aún en ciernes.

Hoy en día, existe una preocupación generalizada por reevaluar el papel del Estado con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, así como de la calidad de los servicios públicos que presta, pues se entiende que el mejoramiento de las Administraciones Públicas es requisito indispensable para recuperar la legitimidad del Estado.

Dicha Administración no se transforma sin una revolución cultural, que implique a los de dentro y fuera, arriba y abajo.

En el diseño de re pensamiento del Estado, el Gobernador Dr. Gustavo Sáenz, dio instrucciones de promover un Estado moderno, activo, eficiente, y, en esta temática, enfrentar los procedimientos de contrataciones obsoletos y desvalidos.

Entendemos, por ello, que la gestión del Estado se defiende mejorándola, tecnificándola, adecuándola a los objetivos, y si para ello hay que modificar su marco institucional y jurídico, debemos hacerlo. Dicho marco puede existir, pero la impronta constante debe ser muy clara, dirigiéndola hacia el logro de los objetivos expuestos.

En el marco del rediseño de las políticas de contrataciones, en especial su procedimiento de compras, se ha alcanzado su estandarización al centralizarse las mismas en la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones del Poder Ejecutivo (ex Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo), la cual, ha posibilitado de manera efectiva y permanente la transparencia, celeridad y coherencia entre los distintos organismos y unidades operativas de la Administración Pública Provincial.

Este sistema de centralización ha permitido adquirir bienes heterogéneos y de diferente naturaleza, con procedimientos homogéneos que han clarificado los distintos aspectos que cubren todo el procedimiento licitatorio, es decir, progresando en su juridicidad, estabilidad, congruencia y transparencia para con el mercado.

En este sentido, el primer paso para una gestión transparente es la existencia de reglas homogéneas que establezcan de manera clara cuál es la normativa que se aplica en los procedimientos de contrataciones de los distintos ministerios y dependencias, lo cual se ha obtenido a través de la utilización del mismo pliego para todas las contrataciones provinciales. En términos organizacionales, estos procedimientos permiten la previsibilidad y, por ende, la racionalización de los procedimientos de compras.

Con relación a los aspectos formales que contenían los pliegos de distintos ministerios y que impactaban en la apertura de la competencia, como ser la imposibilidad de subsanar deficiencias formales, tiempos acotados de publicidad, pliegos costosos, etc., fueron erradicados en el entendimiento de que la evaluación de la calidad de los oferentes no pasa por aspectos formales, sino más bien por cuestiones de fondo, como ser técnicas, económicas y de conveniencia, asegurando de esta manera el principio de concurrencia.

Desde el prisma de la Administración, los beneficios no han sido menores. Con un promedio menor a 30 días de sustanciación, se ha perfeccionado en la práctica el procedimiento de selección de contratistas, imprimiendo a la gestión estatal de mayor eficiencia, eficacia y coordinación, con un seguimiento exhaustivo de la utilización de los recursos del Estado.

Entre otros beneficios, la centralización ha permitido estandarizar y homogeneizar determinados productos, siempre en relación con las necesidades de la Administración Pública, lo que implica una adquisición en estricta relación a su posterior utilización, evitando la existencia de capacidad ociosa y el pago de mayores precios por características que no van a ser utilizadas en toda su dimensión.

Como se aprecia, estos cambios son sustanciales, siendo su vigencia una Política de Estado que genera seguridad jurídica, transmitiendo señales positivas continuas a los distintos actores del mercado.